¡MÁS MADERA!

Informe de delito de la inspección de la AEAT

En el año 2009 la Agencia Tributaria puso su lupa sobre Cinco Jotas, una empresa de fabricación de casas de madera que, milagrosamente, había multiplicado su nivel de facturación alcanzando un volumen de negocio similar al de las grandes empresas de la construcción que compraban facturas falsas a estos trabajadores de la madera. Se calcula que entre 2005 y 2009 la trama empresarial de facturación ilícita, en la que se han visto envueltas más de 200 empresas, habría confeccionado facturas falsas por valor de ciento cincuenta millones de euros.

Las operaciones eran sencillas: las empresas que necesitaban dinero B compraban facturas a la empresa familiar de los hermanos Costas por servicios que nunca prestaban y para los que en algunos casos en Cinco Jotas no estaban preparados. Sirvan de ejemplo los ocho millones de euros que gastó una pequeña consultora de riesgos laborales en adquirir informes de Know How sobre madera. Una vez realizaban el ingreso por los inexistentes servicios, acudían al banco con uno de los gestores de Cinco Jotas y retiraban el dinero. A ellos les entregaban el importe del IVA y, en algunos casos, una comisión por el servicio o la promesa de contar con ellos para trabajos reales que prestarían en un futuro. A finales de 2013, la instrucción de una causa cada vez más densa daba un giro cuando uno de los principales imputados le explicaba al fiscal que el dinero negro que generaban en algunas de esas millonarias operaciones estaba destinado al pago de políticos a cambio de contratos y otros favores.

Como consecuencia de esa revelación, se abrió una pieza separada que en cuestión de días hizo que José Manuel Costas se sentase frente a la juez de penal 1 de Vigo para relatar cómo el dinero negro que conseguía para sus clientes de ficción era destinado a esos pagos a políticos. En aquella ocasión no puso nombre a ninguno de ellos, pero la lectura de los documentos que transportaba en su maleta y de los diversos informes que ha realizado la Agencia Tributaria puede ofrecer una lista de responsables políticos que decidieron la contratación de alguna de las empresas imputadas. Es cuestión de tiempo saber si además se puede probar que alguno de ellos cobró por las concesiones.